Olga Velasco, residente en la provincia de Cádiz, no dudó en cambiar su vida tras encontrar una oportunidad laboral como trabajadora social en Málaga. Sin embargo, desde su llegada hace unos días, ha enfrentado grandes dificultades para encontrar una vivienda adecuada, a pesar de contar con el apoyo de familiares y conocidos. Ella misma describe este proceso como «una auténtica pesadilla», ya que todas las ofertas que encuentra resultan «excesivamente caras». «En función de la zona, un estudio puede llegar a costar hasta 1.400 euros», asegura.
Su trabajo se desarrolla en Málaga capital, por lo que preferiría establecerse allí. No obstante, ante la imposibilidad de hallar algo adecuado, también busca en municipios cercanos como Benalmádena o Alhaurín de la Torre. Además, lamenta haberse topado con propietarios que imponen condiciones como «solo alquilar a mujeres» y, sobre todo, con quienes prefieren la rentabilidad del alquiler vacacional antes que el alquiler a trabajadores. Por ello, tanto Velasco como su pareja, que la acompañó a Málaga, han tenido que dormir primero en el salón de una amiga y, días después, en un apartamento turístico en el barrio de Capuchinos, una opción que reconocen no poder mantener por su elevado coste.
Según el último informe de la empresa inmobiliaria Solvia, entre enero y marzo de este año el precio medio del alquiler en la provincia aumentó un 2% respecto al trimestre anterior y un 7,7% interanual. Esta escalada continúa y afecta a diversos sectores, que observan cómo se ha convertido en un obstáculo para la llegada de nuevos trabajadores. Los sindicatos consultados por este periódico coinciden en que se trata de un problema «cada vez más transversal» y con «un alcance creciente», tanto en el sector público como en el privado.
Un claro ejemplo se observa en el sector sanitario. José Luis Prada, delegado del Sindicato Médico en el Hospital Costa del Sol de Marbella, explica que desde la integración total de este centro en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), esta problemática ha crecido exponencialmente. La bolsa de empleo ahora atrae a profesionales de toda Andalucía, igualando la situación de otros centros. Prada relata que ya han existido casos de médicos que, tras formalizar su contrato, se han visto obligados a abandonar su puesto. El último caso fue una médica de Urgencias este año. Anteriormente, cuatro enfermeras tuvieron que renunciar tras residir en alojamientos temporales.
También se han dado casos de auxiliares que realizaban desplazamientos diarios inasumibles desde pueblos de Jaén, incluso modificando turnos para evitar venir. La lista no termina ahí: actualmente, dos celadores pernoctan en el aparcamiento, uno en una furgoneta camperizada y otro en su propio coche, viéndose obligados a «hacer vida» en el hospital. «El problema afecta principalmente a empleados de categorías inferiores, pero está alcanzando mayor magnitud y afectando a categorías superiores. La oferta de alquiler a precios razonables es escasa, y encontrar piso en Marbella, con alquileres en torno a 1.000 euros, se ha vuelto casi imposible».
La situación es similar en el sector policial. Cada año llegan a la provincia policías nacionales que, tras la publicación de plazas libres, eligen esta zona, enfrentándose al gran obstáculo de los elevados precios. Por ello, «muchos compañeros optan por compartir piso o incluso reconsideran trasladarse a Málaga», denuncia el Sindicato Reformista de Policías (SRP). Esta problemática se agrava especialmente en verano, cuando coinciden las subidas de precios por el alquiler turístico y la llegada masiva de efectivos. Por ello, el SRP solicita que, como solía hacerse antes, los agentes se incorporen en mayo y no en julio o agosto, como ocurre desde la pandemia.
Un policía nacional cobra alrededor de 2.000 euros mensuales, mientras que el alquiler en verano en la Costa del Sol ronda esa cantidad. Por ello, «o eres de Málaga y tienes vivienda previamente, o debes desplazarte a zonas interiores, sabiendo que el coste de la vivienda consumirá más del 50% de tu salario». Durante la temporada alta, algunos municipios costeros triplican su población, lo que requiere un refuerzo policial. Sin embargo, «la dificultad para encontrar alojamiento con las dietas actuales, que son 48,92 euros y 28,21 euros para la comida diaria, hace inviable la presencia de un elevado número de agentes», lamentan.
